viernes, 12 de enero de 2018

SMI, IPREM Y PENSIONES MÍNIMAS EN 2018


El Real Decreto 1077/2017, de 29 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2018, ha incrementado en un 4% el SMI del año anterior, fijando su importe mensual en 735,9 €/mes. No es, ni de lejos, el importe que debería tener dicho indicador, pero siempre nos encontramos con situaciones más injustas -y que sin embargo generan menos debate público-, como ocurre con otro indicador, conocido como IPREM (Índice Público de Renta a Efectos Múltiples) o el importe mínimo de las pensiones públicas. Lo explico:

IPREM
Este indicador, obra en su momento del Ministro de Trabajo Jesús Caldera, se creó en 2004 para sustituir al salario mínimo interprofesional como índice de referencia para acceder, entre otras, a prestaciones públicas. Desde entonces, y más en estos años de Gobierno del PP, ha sido congelado repetidamente -incluso ahora en 2018-, siendo su importe actual de 537,84 €/mes, muy alejado del actual SMI. Pues bien, por mucho que se incremente el SMI, si no se modifica el IPREM, los perceptores de prestaciones como el subsidio de desempleo, seguirán perdiendo poder adquisitivo.
Un ejemplo. El artículo 278 LGSS establece que la cuantía del subsidio por desempleo será igual al 80 por ciento del indicador público de rentas de efectos múltiples mensual vigente en cada momento (y aún peor si es trabajador a tiempo parcial, ya que entonces se calcula en función del porcentaje de jornada). Resulta entonces que la prestación a día de hoy es de 430,27 €/mes. Si el módulo hubiera sido, como hasta el 2004, el SMI, su importe sería de 588,72 €. 

PENSIONES MÍNIMAS
El Real Decreto 1079/2017, de 29 de diciembre, sobre revalorización de pensiones de Clases Pasivas, de las pensiones del sistema de la Seguridad Social y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2018 establece las cuantías de las pensiones mínimas del sistema, que quedan muy lejos del importe del SMI. Así por ejemplo, la cuantía mensual mínima para la incapacidad permanente absoluta, incapacidad permanente total a partir de los 65 años y para la jubilación -todos ellos sin cónyuge a cargo- es de 8.950,20 € anuales, es decir, 639,30 € al mes, lo que supone una diferencia mensual de 96,60 € mensuales respecto al actual SMI.


¿Para cuando la equiparación entre SMI, IPREM y pensiones mínimas?


Fuente: Bolsamanía

jueves, 11 de enero de 2018

A VUELTAS CON LA PARCIALIDAD Y EL CÁLCULO -INJUSTO- DE LA BASE REGULADORA DE LAS PENSIONES.

Recientemente se ha dictado una nueva Sentencia por parte del TSJ Catalunya en la que se aborda el cálculo de las pensiones de una trabajadora a tiempo parcial, en la que desestima la petición de la trabajadora, declarada en situación de incapacidad permanente absoluta derivada de enfermedad común, que pretendía un cálculo "alternativo" de la base reguladora, y en consecuencia, un mayor pensión. La resolución en cuestión es la ROJ: STSJ CAT 8231/2017, Nº de Resolución: 5632/2017 , de la que es ponente el magistrado CARLOS HUGO PRECIADO DOMENECH, Nº Recurso: 3713/2017 , de fecha 26/09/2017 . En el resumen del CENDOJ señalan: "BR pensión IPA, trabajadora por cuenta ajena con contrato a tiempo parcial (de 01/01/91 a 06/02/92 con un porcentaje del 87, 50 %; y del 17/04/90 a a 30/09/91 con un porcentaje del 50%) el resto a tiempo completo. Período 02/1988 a 01/2016".

La analizamos:

1.- Antecedentes básicos.
A) Se declaró una pensión de incapacidad permanente en grado de absoluta a una trabajadora que prestó servicios laborales en periodos a tiempo completo, pero también a tiempo parcial, lo que supone, según la actual normativa de acceso a las pensiones de los trabajadores a tiempo parcial, la aplicación del art. 247 RDL 8/2015 LGSS. Aunque la trabajadora acreditaba 15 años de cotización, y solo precisaba, según la sentencia, 8 años para acceder a la prestación, se reduce aquel periodo, en virtud de lo dispuesto en dicho artículo, a una cotización inferior para lucrar la prestación, y en concreto 4 años y 10 meses.

Comentario: Esto es, a mi juicio, absolutamente correcto. De hecho, la génesis del art. 247 trae su causa del RDL 11/2013, en el que el legislador adapta nuestra normativa en materia de protección social de las trabajadoras a tiempo parcial tras la sentencia del TJUE dictada en el conocido caso ELBAL MORENO.

B) Pero, la reducción del tiempo de cotización efectuada, supone también, de forma indirecta, que se minore el tiempo necesario para efectuar el cálculo de la prestación, adaptándolo a los 4 años y 10 meses requeridos para acceder a la prestación. 

Comentario: La actuación del INSS es correcta y, en principio neutra, ya que el art. 197.2 de la actual LGSS señala, en sede de cálculo de las bases reguladoras de pensión de incapacidad permanente por enfermedad común, que "en los supuestos en que se exija un período mínimo de cotización inferior a ocho años, la base reguladora se obtendrá de forma análoga a la establecida en el apartado anterior, pero computando bases mensuales de cotización en número igual al de meses de que conste el período mínimo exigible, sin tener en cuenta las fracciones de mes, y excluyendo, en todo caso, de la actualización las bases correspondientes a los veinticuatro meses inmediatamente anteriores al mes previo a aquel en que se produzca el hecho causante". Por tanto, si redujo el periodo de cotización para acceder a la pensión, también se ha de reducir el tiempo necesario para calcular la pensión.

El resultado de lo expuesto hasta ahora es que la trabajadora, con un coeficiente parcial de globalidad del 54,83%, accede a una pensión final de 594,53 euros mensuales.

2.- ¿Qué postula la trabajadora? 
Simple y llanamente que el período computable a efectos del cálculo de la base reguladora debería ser, conforme al art.197.1a) LGSS,  el cociente que resulte de dividir por 112 las bases de cotización durante los 96 meses anteriores al mes previo al del hecho causante (8 años), de forma que la BR sería de 892, 70 euros por el período 02/2008 a 01/2016. Y lo solicita ya que existe un perjuicio que se produce por la circunstancia que las bases de cotización más recientes computadas son de menor cuantía que las más antiguas no computadas. En resumen, pretende que no se le aplique el art. 247 LGSS.

3.- ¿Qué solución adopta el TSJ?

El TSJ CAT considera, y hace referencia a diversas resoluciones, entre ellas del TC y del TJUE, que no existe discriminación directa ni indirecta y que tampoco concurre la existencia de vulneración del principio de igualdad (de los trabajadores a tiempo parcial respecto a los trabajadores a tiempo completo).


Y claro, resuelve finalmente desestimando el recurso de suplicación de la trabajadora, ya que no cabe la aplicación de un efecto no previsto por la ley. Dice al respecto que "Al contrario, el cálculo de la pensión en la forma establecida al art.247 LGSS sólo perjudica a la trabajadora en el caso de autos por la única circunstancia de que en el último período de su carrera de seguro sus bases de cotización han sido menores, pero no por que fuera en ese último período trabajadora a tiempo parcial, sino porque siéndolo a tiempo completo cotizó menos", lo que comporta que "pretende gozar de una opción que la ley no le confiere porque en su caso concreto -debido a la menor cotización en el último período de su carrera de seguro- la aplicación general de la norma le resulta perjudicial". En definitiva, dice el ponente que "en el caso concreto es razonable y proporcionado que el período de cómputo de las bases reguladoras se reduzca al período de cotización exigible, aunque la trabajadora pudiera salir beneficiada de un cómputo alternativo que la ley no contempla".

Comentario: Desde un punto de vista de estricta legalidad la actuación del Tribunal es correcta, aunque la sentencia argumentada - la STC 156/2014- se dictó en una cuestión ajena a lo que se expone en este procedimiento -aquí es el posible perjuicio que el art. 247 LGSS provoca en una trabajadora a tiempo parcial en cuanto al cálculo de la base reguladora- y aquella otra del TC se cuestionaba la antigua DA 7ª LGSS 1994, que permitía realizar la integración de lagunas no sobre la base mínima de cotización, sino sobre la misma a tiempo parcial. Es más, en la sentencia del TC fue un hombre quien presentó el recurso de amparo y tenía la condición de trabajador a tiempo parcial, por lo que, a mi juicio, cualquier comparación en términos de discriminación, sin ser posible la invocación de la discriminación en clave de género- estaba abocada al fracaso.

3.- Mi opinión.
La sentencia es correcta desde el punto de vista de aplicación del derecho positivo, sin embargo la situación generada es muy injusta. Así, la entrada en vigor del RDL 11/2013 y la implantación del coeficiente global de parcialidad, tuvo un efecto favorable respecto al acceso a las prestaciones de seguridad social, no para los trabajadores a tiempo parcial de forma genérica, sino respecto a las mujeres, que son quienes "sufren" con muchísima mayor frecuencia que las hombres, las consecuencias del trabajo a tiempo parcial. Pero, que se "allane" el acceso a la prestación no es suficiente, también debió el legislador haber previsto que la forma de cálculo aplicada debía ser diferente y adecuada a la prestación de servicios a tiempo parcial.  Y es que, como ya comentábamos en otra entrada anterior (acceso aquí), si por ejemplo, como consecuencia del acceso a la pensión de jubilación se aplica a una trabajadora un coeficiente global de parcialidad del 50% -con lo que accedería a la pensión acreditando una cotización de 7 años y 6 meses y no los 15 años que se solicitan como norma-, sin embargo el cálculo de su pensión se efectuaría, igual que se fuera un trabajador a tiempo completo, hoy en el 2018 con los últimos 21 años cotizados -y próximamente con 25 años-. Eso unido al actual sistema de integración de lagunas que, recordemos, solo se aplica a 48 mensualidades, y el resto al 50% de la base mínima de cotización, da lugar a bases reguladora de auténtica miseria.

En la sentencia que ahora comentamos se da una circunstancia igual de dramática, y es que a quien no necesitaba ser considerada como trabajadora a tiempo parcial para acceder a la pensión de incapacidad permanente -acreditaba 15 años de cotización, le bastaba con 8 años, y se lo reducen por el CGP a 4 años y 10 meses-, al reconocérsele esa condición de trabajadora a tiempo parcial, no solo no le beneficia, sino que le perjudica gravemente al efectuar el cálculo de la pensión final, que pudo ser de 892,70 €, pero se quedó en  594,53 euros mensuales. Se da la paradoja que, si no existiera la reforma del RDL 11/2013, que sobre el papel beneficiaba a las trabajadoras a tiempo parcial, su pensión habría sido mayor. ¿Es una cuestión de mala suerte, como parece apuntar la sentencia?. Yo creo que no, es una cuestión de injusticia social, de una normativa parcheada a base de sentencias del TJUE, pero que no entra en la cuestión de fondo: eliminar de una vez para siempre la situación de discriminación de las mujeres en el acceso a las pensiones públicas.

jueves, 28 de diciembre de 2017

JUBILACIÓN EN EL 2018. ASPECTOS A TENER EN CUENTA.

NOTA: Aprovecho una entrada que publico cada año sobre las disposiciones transitorias de la Ley 27/2011 -y posteriores reformas- sobre la regulación de la pensión de jubilación, adecuando aquella al año actual y a la redacción del nuevo texto refundido de la LGSS (RDL 8/2015).

Después de haber superado recientemente 1.900.000 de visitas en este blog (algo más de 400.000 visitas durante el año 2017) -nunca pensé que podría a llegar a tener un "tráfico" tan alto- y habiendo superado los 11.100 comentarios publicados, de los que la mitad son preguntas efectuadas por los lectores, reedito una entrada que es ya clásica en mi página, los aspectos prácticos que se han de tener en cuenta en cada nuevo ejercicio, ya que seguimos en el tránsito actual desde la antigua regulación de las pensiones de jubilación hasta el nuevo sistema establecido por la Ley 27/2011 y el Real Decreto Ley 5/2013, y teniendo en cuenta que estas últimas normas establecen un largo periodo transitorio -insisto, de coexistencia de ambas normas hasta el año 2019, y de culminación de la nueva ley en 2027-, realizamos una breve pincelada de aquellas cuestiones que entendemos básicas en referencia a las pensiones de jubilación que se causen en este ejercicio 2017. Veamos cuales....

domingo, 3 de diciembre de 2017

PROTECCIÓN JURÍDICA DE LA MALFORMACIÓN DE CHIARI. PRIMER CONGRESO NACIONAL.

Dentro del Primer Congreso Nacional sobre la malformación de Chiari, organizado por mis amigos de FEMACPA, tuve la ocasión de compartir con ellos la segunda jornada, y exponer, muy brevemente, aquellos aspectos que consideraba más importantes, dentro del ámbito de la legislación social, y que pueden ayudar a las personas que padecen Chiari, Siringomelia, y otras enfermedades asociadas, a protegerse ante las adversidades de su patología (discapacidad, IT, invalidez, dependencia, etc...). quedó fuera, y redactaré una entrada al respecto, otras prestaciones como el "cuidado de hijo por enfermedad grave", que prometo será objeto de otra entrada. Dejo aquí los accesos a la documentación. Ah!!, y muchas gracias, por la confianza y el cariño a Domingo, Almudena, Pepi y Dulce. Os admiro por vuestra lucha y muy especialmente por vuestra entrega a los demás. 








jueves, 30 de noviembre de 2017

EL COEFICIENTE GLOBAL DE PARCIALIDAD Y LA DETERMINACIÓN DE LA EDAD ORDINARIA DE JUBILACIÓN

1. Introducción
Que la parcialidad en el trabajo es un elemento determinante de unas condiciones salariales más precarias -peor salario, especialmente- y que golpea especialmente a las mujeres, es algo bien conocido por todos, pero que el legislador ignora continuamente -y el actual del Partido Popular, aún con mayor descaro. Alrededor del 80% de los contratos temporales son suscritos por mujeres, y no es ya solo que su retribución se vea afectada por el menor número de horas trabajadas, es que además sus prestaciones de seguridad social se ven también menguadas muy seriamente. Así, a menor salario, menor cotización y, por supuesto, menor prestación de seguridad social. Y de ese efecto no se escapa tampoco la pensión de jubilación, que no solo es que se vea reducida por la cotización más baja, es que además dificulta el acceso a la misma. 

Recientemente, en una nueva sentencia del TJUE en respuesta a una cuestión prejudicial efectuada por el Magistrado del Juzgado Social nº 33 de Barcelona, Joan Agustí Maragall, ha puesto de relieve el trato discriminatorio que sufren nuestras trabajadoras a tiempo parcial, en este caso en su modalidad de trabajo "vertical" y la protección de desempleo, ya que ".....dado que un 70 % a 80 % de los trabajadores a tiempo parcial vertical son mujeres, es evidente que la medida nacional controvertida perjudica a un número mucho mayor de mujeres que de hombres. El Tribunal de Justicia deduce de todo ello que esta medida constituye una diferencia de trato en perjuicio de las mujeres" (acceso a la noticia). 

Eduardo Rojo, en su magnífico Blog, aborda la cuestión en mayor profundidad, permitiendo la lectura de la TJUE de 9 de noviembre de 2017, asunto C-98/15 (acceso al Blog).

Estamos pues a la expectativa de cual será la respuesta del Gobierno, que debería reformar la protección de desempleo para eliminar la discriminación que efectúa la normativa actual. 

2. La declaración, por parte del TJUE, que la normativa española no protege adecuadamente a las trabajadoras a tiempo parcial.
Tiempo antes, concretamente en 2013, una anterior cuestión prejudicial efectuada por el mismo magistrado, Joan Agustí, supuso que el Gobierno de Rajoy tuviese que modificar la normativa de seguridad social en relación a la prestaciones de jubilación e incapacidad permanente, principalmente. El supuesto que se examinó, fue conocido como "Elbal Moreno" (acceso a la noticia). En aquel caso lo que sucedió es que una trabajadora, limpiadora de profesión, y que había prestado servicios laborales a tiempo parcial durante prácticamente toda su vida laboral, a pesar de haber trabajado realmente durante muchos años, no podía acreditar los 15 años de cotización efectiva para acceder a la pensión de jubilación, ya que con los contratos a tiempo parcial que había suscrito, y de acuerdo con la normativa vigente en aquel momento, acreditaba "solo tres años cotizados, por lo cual tendría que trabajar 100 años para acreditar la carencia mínima necesaria de 15 años que le permitiera el acceso a una pensión de jubilación de 112,93 euros al mes”. La sentencia del TJUE, de fecha 22 de noviembre de 2012 (acceso a la sentencia) es absolutamente contundente cuando en su inciso final afirma:

"El artículo 4 de la Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social, debe interpretarse en el sentido de que se opone, en circunstancias como las del litigio principal, a una normativa de un Estado miembro que exige a los trabajadores a tiempo parcial, en su inmensa mayoría mujeres, en comparación con los trabajadores a tiempo completo, un período de cotización proporcionalmente mayor para acceder, en su caso, a una pensión de jubilación contributiva en cuantía proporcionalmente reducida a la parcialidad de su jornada".

3. La solución. El coeficiente global de parcialidad.
Ante la situación que se planteó con la sentencia del JS nº 33 y la cuestión prejudicial del TJUE el Gobierno reaccionó publicando el RDL 11/2013 (aquí explicamos la nueva norma), y la posterior Ley 1/2014 de protección de los trabajadores a tiempo parcial (aquí lo explicamos) que dieron una nueva redacción a la DA 7ª LGSS 1994. Nos mostramos muy críticos con la nueva norma, ya que es cierto que "facilitaba" el acceso a las pensiones públicas de los trabajadores a tiempo parcial, pero sigue aplicando las mismas reglas que los trabajadores a tiempo completo respecto al cálculo de la base reguladora, con lo que las pensiones resultantes son muy inferiores a las de un trabajador a tiempo completo.

Actualmente es el artículo artículo 247 LGSS (RDL 8/2015), en sede de "cómputo de los periodos de cotización" el que regula la cuestión, estableciendo las siguientes reglas:

"A efectos de acreditar los períodos de cotización necesarios para causar derecho a las prestaciones de jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, incapacidad temporal, maternidad y paternidad, se aplicarán las siguientes reglas:

a) Se tendrán en cuenta los distintos períodos durante los cuales el trabajador haya permanecido en alta con un contrato a tiempo parcial, cualquiera que sea la duración de la jornada realizada en cada uno de ellos.

A tal efecto, el coeficiente de parcialidad, que viene determinado por el porcentaje de la jornada realizada a tiempo parcial respecto de la jornada realizada por un trabajador a tiempo completo comparable, se aplicará sobre el período de alta con contrato a tiempo parcial, siendo el resultado el número de días que se considerarán efectivamente cotizados en cada período.

Al número de días que resulten se le sumarán, en su caso, los días cotizados a tiempo completo, siendo el resultado el total de días de cotización acreditados computables para el acceso a las prestaciones.

b) Una vez determinado el número de días de cotización acreditados, se procederá a calcular el coeficiente global de parcialidad, siendo este el porcentaje que representa el número de días trabajados y acreditados como cotizados, de acuerdo con lo establecido en la letra a), sobre el total de días en alta a lo largo de toda la vida laboral del trabajador. En caso de tratarse de subsidio por incapacidad temporal, el cálculo del coeficiente global de parcialidad se realizará exclusivamente sobre los últimos cinco años. Si se trata del subsidio por maternidad y paternidad, el coeficiente global de parcialidad se calculará sobre los últimos siete años o, en su caso, sobre toda la vida laboral.

c) El período mínimo de cotización exigido a los trabajadores a tiempo parcial para cada una de las prestaciones económicas que lo tengan establecido, será el resultado de aplicar al período regulado con carácter general el coeficiente global de parcialidad a que se refiere la letra b).

En los supuestos en que, a efectos del acceso a la correspondiente prestación económica, se exija que parte o la totalidad del período mínimo de cotización exigido esté comprendido en un plazo de tiempo determinado, el coeficiente global de parcialidad se aplicará para fijar el período de cotización exigible. El espacio temporal en el que habrá de estar comprendido el período exigible será, en todo caso, el establecido con carácter general para la respectiva prestación".


3. Acceso a la jubilación ordinaria. Determinación de la edad.
Con la actual regulación es más que evidente, y ahora nos centramos en la pensión de jubilación, que el periodo de cotización mínimo de 15 años -también la carencia específica de 2 años en los últimos 15- se ve afectada por el art. 247 LGSS, reduciéndose el periodo establecido en el art. 205.1. b) LGSS -"tener cubierto un período mínimo de cotización de quince años"- según el correspondiente coeficiente global de parcialidad y la regla c) del ya mencionado art. 243 LGSS.

Sin embargo, a efectos de determinación de la edad ordinaria de jubilación -y ahora estamos aún en el periodo transitorio- puede ser diferente en función de los años cotizados por el trabajador, y establece, en consecuencia el art. 205.1. a) LGSS que es requisito para tener derecho a la pensión de jubilación : "Haber cumplido sesenta y siete años de edad, o sesenta y cinco años cuando se acrediten treinta y ocho años y seis meses de cotización, sin que se tenga en cuenta la parte proporcional correspondiente a las pagas extraordinarias".

La cuestión que se nos plantea es la siguiente: ¿cabe aplicar el coeficiente global de parcialidad para determinar la edad ordinaria de jubilación?, o dicho de otra manera, ¿cabe establecer que los 38 años y 6 meses exigidos pueden reducirse según aquel coeficiente?.

Una primera lectura de la regla c) del art., 247 LGSS nos podría llevar a entender que la respuesta es negativa, ya que allí señala que el CGP se aplica sobre "el período mínimo de cotización exigido" y que el 205. 1. b) señala que el acceso a la pensión de jubilación exige "un período mínimo de cotización de quince años". Por tanto, solo sobre la cotización mínima cabría aplicar el CGP.

Pero, entendemos que no es así, por los siguientes motivos. A saber:

A. La exposición de motivos de la Ley 1/2014 era muy clara, la cito literalmente:

“La norma que se incorpora a la presente ley recoge, además, una fórmula para exigir el mismo esfuerzo a un trabajador a jornada completa y a un trabajador a jornada parcial.

El objetivo es, por tanto, evitar que se produzcan efectos desproporcionados entre las cotizaciones realmente efectuadas por el trabajador y la cuantía de la prestación que recibe. Con este propósito, la modificación legal atiende a los períodos de tiempo con contrato vigente a tiempo parcial, de igual modo que cuando se trata de trabajadores a tiempo completo.

En consecuencia, se mantiene la proporcionalidad tanto en el acceso al derecho a las prestaciones, pensiones y subsidios, como a su cuantía. Por todo ello, el capítulo II tiene como finalidad cumplir los siguientes objetivos:


1. Dar cobertura adecuada a todas las personas que realizan una actividad laboral o profesional.
2. Mantener los principios de contributividad, proporcionalidad y equidad que caracterizan el sistema español de Seguridad Social.
3. Mantener la equidad respecto a la situación de los trabajadores a tiempo completo.
4. Evitar situaciones fraudulentas o irregulares, así como evitar la desincentivación de la cotización al Sistema.”

Por tanto, la proporcionalidad y la equidad en el acceso al derecho a las prestaciones, también debe efectuarse respecto a la edad de jubilación

B. El 247 LGSS señala en su incisio inicial, no limita la aplicación de la regla de parcialidad al "periodo mínimo de cotización", sino que es más amplía, indicando "a efectos de acreditar los períodos de cotización necesarios para causar derecho a las prestaciones de jubilación".

Es más que evidente que los 38 años y 6 meses exigidos para jubilarse con 65 años son "períodos de cotización necesarios". Es más, la expresión del 205.1.a) es "cuando se acrediten..."

C. Si el TJUE se ha mostrado absolutamente contundente en cuanto a la clara discriminación que sufren en nuestro país  los trabajadores a tiempo parcial, en su inmensa mayoría mujeres, en comparación con los trabajadores a tiempo completo, ya que se les exige un período de cotización proporcionalmente mayor para acceder, en su caso, a una pensión de jubilación contributiva, no aplicar el CGP a los años cotizados exigibles para poder jubilarse con 65 años es, simplemente, perpetuar la discriminación.

D. Porque, parece que a veces se nos olvida, el Código Civil señala que las normas han de interpretarse según "la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas", sin olvidar la equidad, así como tampoco que la igualdad (no la formal, sino la real) es uno de las valores superiores del ordenamiento jurídico. Y, todavía a día de hoy -y ya veremos durante cuanto tiempo- no existe plena igualdad entre hombres y mujeres en el acceso al mercado laboral, lo que comporta carreras de cotización (mucho) más cortas para ellas. 

El establecimiento de dos edades de acceso a la jubilación ordinaria en función de la carrera de cotización, estableciendo el acceso “privilegiado” a los 65 años para carreras de cotización de 38 años y 6 meses y de 67 años para las inferiores (65 años y 5 meses en el 2017), supone privilegiar al hombre con respecto a la mujer en el acceso más temprano a la jubilación, o dicho de otro modo, discriminar a las mujeres. Es difícil obtener datos sobre la carrera de cotización media de hombres y mujeres, pero es muy claro que, por dificultad de acceso y de permanencia en el mercado laboral, las mujeres cotizan mucho menos que los
hombres.

Y aunque es difícil encontrar datos oficiales, este estudio nos ofrece algunos datos que apoyan nuestro razonamiento: acceso al informe Duran


La brecha es más que patente (el hombre en el punto más álgido llega a casi 35 años de cotización, la mujer apenas a 24 años). Y la conclusión es obvia: a la edad ordinaria con 65 años accederán solo los hombres, los mujeres con 67 años. E igual repercusión respecto a la jubilación anticipada o parcial.

Otro dato importante, que avala la defensa de nuestro planteamiento, es que de los aproximadamente 5.800.000 pensionistas por jubilación del país, los hombres son más 3.600.000, las mujeres tan solo poco más de 2.150.000, es decir, poco más del 37% del total.


4. Determinación de la edad ordinaria de jubilación en aplicación del coeficiente global de parcialidad. Un ejemplo práctico.
Vamos a suponer que Maria quiere jubilarse, y es trabajadora a tiempo completo. Sus datos son los siguientes:

- Fecha nacimiento: 1/1/1953.
- Prestación servicios laborales desde 1/1/1980 hasta 31/12/2017: 13.880 días (algo más de 38 años).
- Fecha de jubilación ordinaria el 1/1/2018: 65 años (en 2018 habrá que acreditar 36 años y 6 meses, o sino la jubilación ordinaria será con 65 años y 6 meses).

Así se plasma en el "autocálculo" de la web  de la Seguridad Social:

Ahora imaginemos que, con los mismos datos anteriores, pero habiendo prestado servicios laborales a tiempo parcial durante un dilatado periodo de tiempo, resulte el siguiente CGP:


Aunque la prestación de servicios -alta en seguridad social- de María, tanto a tiempo completo como a tiempo parcial en días naturales es idéntico (13.880 días), sin embargo en el primer caso coinciden días efectivamente cotizados con días naturales, mientras que en el caso de tiempo parcial se reduce a 8.949 días cotizados, es decir, aproximadamente 24 años y 6 meses de cotización. La conclusión es que sí puede acceder a la pensión de jubilación, pero no acredita el tiempo suficiente para que su edad ordinaria de jubilación sea la de 65 años, sino la de 65 años y 6 meses.

Ahora bien, si, como nosotros defendemos, aplicamos el CGP de 64,47% a los 36 años y 6 meses necesarios, el resultado es de 8.587 días (13.320x64,47%), por lo que sí puede acceder a pensión de jubilación con la edad ordinaria de jubilación con 65 años. Y así nos lo confirma la simulación realizada en el programa "autocálculo":


5. Conclusión.
Para nosotros es obvia, aunque ya sabemos que no es la solución para resolver los problemas de discriminación de las mujeres en el acceso a las pensiones públicas, pero al menos permite no demorar en dos años el acceso a la jubilación ordinaria, así como acceder antes a las diferentes modalidades de jubilación anticipada.

miércoles, 29 de noviembre de 2017

PRESENT I FUTUR DE LES PENSIONS. JORNADA TÉCNICA 12/12/2017.


jueves, 23 de noviembre de 2017

LAS PENSIONES ACTUALES Y FUTURAS. LA BRECHA DE GÉNERO.

Nueva charla sobre las pensiones actuales y futuras y la brecha de género. Muy bien acompañado, por cierto, con Jorge Monteagudo y Elena Idoate.





martes, 21 de noviembre de 2017

LA SENSIBILIDAD QUÍMICA MÚLTIPLE Y SU EFECTO INVALIDANTE. RESEÑA DE CUATRO SENTENCIAS.

Seguimos avanzando en Col.lectiu Ronda en el reconocimiento de la Sensibilidad Química Múltiple como enfermedad muy invalidante a efectos de la declaración de incapacidad permanente. Así, dos recientes sentencias de la jurisdicción social en Oviedo, otra en Girona, y una última del TSJ Catalunya, han declarado que la SQM, en comorbilidad con otras afectaciones como el Síndrome de Fatiga Crónica, y en menor medida la Fibromialgia -el conocido como Síndrome de Sensibilización Central- pueden llegar a ser altamente incapacitantes, hasta el punto de suponer la declaración de incapacidad permanente en grado de absoluta. Las comentamos brevemente:

1. La sentencia del JS nº 3 de Oviedo, de fecha 29/03/2017, declara en situación de incapacidad permanente en grado de absoluta a un trabajador que presentaba el siguiente cuadro de lesiones:

"Síndrome de sensibilización central: síndrome de fatiga crónica intensa, fibromialgia moderada y sensibilidad química y ambiental (alimentaria, electromagnética,...) de grado intenso - III. Asocia distimia, déficits en la concentración - atención y procesamiento de la información, trastornos del sueño, alteración del sistema nervioso autónomo en prueba de esfuerzo, tiroiditis autoinmune, candidiasis oral recurrente, síndrome seco de mucosas. Presenta disminución global de la fuerza muscular, precisando uso de mascarilla y ha tenido que trasladar su residencia a un pueblo por su marcada sensibilidad química y ambiental, teniendo prescrito evitar sobreesfuerzos aun mínimos".

La Magistrada de instancia entendió que era tributario de dicha calificación, ya que:

"Hechas las consideraciones que anteceden y teniendo en cuenta las afecciones padecidas por quien demanda, según lo que al respecto ha sido declarado probado, con sus naturales repercusiones y limitaciones funcionales, la conclusión es que las mismas deben ser consideradas como generadoras del mencionado grado de incapacidad permanente, pues el cuadro que le aqueja, pluripatológico de curso crónico en común contexto neuroinflamatorio, le acarrea marcada limitación funcional en las esferas de fatiga física y cognitiva, con dolor y debilidad osteomuscular e intolerancias múltiples, ambientales, alimentarias, farmacológicas, elctromagnéticas, ... , afectando incluso a su calidad de vida y AVD, con marcada restricción de su capacidad laboral, conllevando en definitiva la consecuencia de inhabilitar para la generalidad de profesiones u oficios con un mínimo de
profesionalidad, rendimiento y eficacia. En consecuencia procede acoger la pretensión principal deducida en la demanda".

La sentencia ha sido confirmada por el TSJ Asturias, en fecha de 18/07/2017, ya que considera que el cuadro residual es incompatible con el desarrollo de cualquier actividad laboral.


2. Más reciente aún es la sentencia, también del JS nº 3 de Oviedo, pero de diferente Magistrada, de fecha 13/11/2017. En este caso se ha declarado una incapacidad permanente en grado de absoluta por el siguiente cuadro de lesiones:


En este caso, quedamos a la espera del posible recurso por parte del INSS.


3. Sentencia del JS nº 2 de Girona, de 30/06/2017, declara también una incapacidad permanente en grado de asboluta a un trabajador, carpintero de profesión, al que la entidad gestora había declarado previamente en situación de incapacidad permanente total para su profesión. La sentencia es firme, ya que no ha sido recurrida. Estas son las lesiones reconocidas:


Y, efectúa la siguiente reflexión que conlleva la declaración de absoluta:



4. Sentencia del TSJ Catalunya, de fecha 3/11/2017, ratifica la IPA declarada por la sentencia de instancia, ante el siguiente cuadro residual:


Y, ratifica la absoluta, ya que considera:


En fin, son 4 sentencias diferentes -en realidad 6, si tenemos en cuenta los recursos de suplicación-, de diferentes entornos geográficos y, en torno a una misma enfermedad, la Sensibilidad Química Múltiple, que cuando consta que es grave, debe ser declarada como incapacidad permanente, en estos supuestos que hemos visto, en grado de absoluta. 

Seguimos avanzando.......




jueves, 16 de noviembre de 2017

NOTAS MÁS DESTACADAS DE LA LEY DE REFORMAS URGENTES DE TRABAJO AUTÓNOMO EN MATERIA DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.

La Ley 6/2017, de reforma urgente del trabajo autónomo, altera de forma significativa la regulación de estos trabajadores, con especial significación en el ámbito de la relación jurídica de seguridad social, y a los efectos que nos pueden ser más útiles a quienes asesoramos en materia de prestaciones de seguridad social estos son los tres cambios más relevantes:

1. Se incluye la protección del accidente "in itinere", por lo que el artículo 316.2, párrafo segundo LGSS, en sede de "cobertura de las contingencias profesionales", tiene una nueva redacción: "También se entenderá como accidente de trabajo el sufrido al ir o al volver del lugar de la prestación de la actividad económica o profesional. A estos efectos se entenderá como lugar de la prestación el establecimiento en donde el trabajador autónomo ejerza habitualmente su actividad siempre que no coincida con su domicilio y se corresponda con el local, nave u oficina declarado como afecto a la actividad económica a efectos fiscales". Es previsible que la litigiosidad para determinar el concepto de domicilio -no pueden coincidir ambos en la misma sede-, y la interpretación y alcance de los requisitos teleológico, cronológico, topográfico y mecánico, será como mínimo, intensa.



2. Se modifica la forma de cálculo de la base reguladora de las prestaciones económicas por maternidad y paternidad de los trabajadores por cuenta propia, art. 318 a) LGSS.

La cuestión es que con anterioridad se aplicaba la fórmula relativa a la IT, es decir, la base reguladora era la base de cotización del mes anterior dividida entre 30. Claro, ahora con la posiblidad de cambiar de base de cotización hasta cuatro veces al año -otra de las reformas de la nueva ley-, la base reguladora en cuantía diaria será el resultado de dividir la suma de las bases de cotización acreditadas a este régimen especial durante los seis meses inmediatamente anteriores al del hecho causante entre ciento ochenta.

Por tanto, las prestaciones económicas por maternidad y por paternidad seguirán consistiendo  en un subsidio equivalente al 100 por ciento de una base reguladora cuya cuantía diaria será el resultado de dividir la suma de las bases de cotización acreditadas a este régimen especial durante los seis meses inmediatamente anteriores al del hecho causante entre ciento ochenta. 

Es más que evidente que se trata de evitar el fraude.



3. Modificación de la compatibilidad de la realización de trabajos por cuenta propia con la percepción de una pensión de jubilación contributiva. Se modifican los apartados 2 y 5 del artículo 214 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, permitiendo, en sede de "jubilación activa", que si se trata de un trabajador por cuenta propia y se acredita tener contratado, al menos, a un trabajador por cuenta ajena, la cuantía de la pensión compatible con el trabajo alcanzará al 100 por ciento.

Me parece un trato privilegiado que no tiene razón de ser, y menos en el panorama actual de reducción del derecho a la pensión de jubilación. Premiar con la percepción de la jubilación íntegra a quien tiene un "negocio" que le permite incluso contratar a otros trabajadores, lejos de ser una política activa de creación de empleo, es un trato discriminatorio frente a los que, aunque sigan trabajando, no pueden contratar a nadie. 

(acceso al régimen actual de compatibilidad de pensión de jubilación y trabajo)


Fuente








lunes, 6 de noviembre de 2017

PRESENT I FUTUR DE LES PENSIONS. L´EXCLETXA DE GÈNERE TAMBÉ A LES PENSIONS.

Todo un placer compartir acto con el compañero Julian Lluís Córdoba y los miembros de @iaioflautes. El próximo 10/11/2017,  a las 18:00 h. hablaremos sobre la, cada vez mayor, brecha de género, también presente en las pensiones.